Compañia Periodistica Subcaliforniana, Los Cabos, BCS. Mexico
  Director General: Fernando González Corona / Director-Editor: David Rojo Reyes Número 6915 jueves 02 septiembre 2010 Año 18  
 
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Portada - 03 / 07 / 2009
Niegan amparos a cuatro socios de guardería ABC

México, D.F.

Al menos cuatro de los cinco socios de la guardería ABC intentaron obtener el amparo de la justicia federal contra la orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 5 de junio en la estancia que hasta ahora le ha costado la vida a 48 menores. Sin embargo, el juzgado décimo de distrito les negó a los inculpados la suspensión definitiva, por lo que ahora deberán enfrentar el juicio iniciado en su contra por el presunto delito de homicidio culposo. Entre los socios que buscaban evadir la acción de la justicia se encuentra Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima hermana de Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Las otras personas que buscaron la protección de la justicia federal sin éxito son: Antonio Salido Suárez, Alfonso Cristóbal Escalante y Sandra Lucía Téllez Nieves. El resto de los implicados en los hechos ocurridos en la guardería ABC de acuerdo con las órdenes de aprehensión libradas por la PGR el pasado miércoles son: Gildardo Urquídez Serrano (socio de la guardería); Marcelo Meouchi (exapoderado legal de la estancia); Fernanda Camou Guillot (socia); Norma Mendoza Bermúdez (arrendadora del predio y bodegas donde se instaló la guardería); José Matiella Urquídez (actual apoderado legal). Padres inconformes El Movimiento por la Justicia 5 de junio, en el que participan padres y familiares de las víctimas del incendio, exigieron hoy cero impunidad, justicia y castigo a los verdaderos culpables del incendio y del abandono mortal de los menores. Catalina Sota Cota, vocera de dicho dicha agrupación, convocó también a los mexicanos para que participen en la quinta marcha para exigir justicia por la muerte de las 48 niñas y niños de la guardería ABC. Mientras más públicas sean las acciones de los gobiernos, menos suspicacias se presentarán, indicó el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, en relación a la tardanza del IMSS de informar quiénes son los propietarios de las guarderías que tiene subrogadas. Entrevistado después de inaugurar el Hospital General de Nogales, consideró que “por el bien de todos, tarde que temprano tendrá que salir esa lista”. “Soy un convencido de la transparencia que debe de haber, creo que no debería de estar ni siquiera en discusión que se dé a conocer, debería de estar en la página del Seguro Social, y con un click le picaras y saliera la lista son recursos subrogados de gasolineras, guarderías, todo lo que subroga, todo lo que subcontrata el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, esa parte es una pelea que tenemos que dar por la transparencia de todo mundo”, indicó el mandatario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la petición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y nombrará a un ministro para que elabore “el estudio sobre la factibilidad o no”, de que el máximo tribunal ejerza su facultad de atracción para investigar la violación grave a las garantías individuales en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora en la que fallecieron 48 menores. En la reunión privada que sostuvo el pleno de ministros antes de la sesión pública, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia le notificó a sus compañeros que la solicitud de los legisladores ya había sido turnada a la Susbsecretaría General de Acuerdos de la Corte, la cual designará a uno de los dos ministros que formarán la Comisión de Receso para que elabore el proyecto correspondiente, con la encomienda de presentarlo al pleno en los primeros días del mes de agosto. El anuncio oficial de este procedimiento, trascendió, lo hará público el ministro presidente el próximo lunes, fecha en la que además hará el público del nombre del encargado de redactar el documento. Ministros consultados reconocieron que una vez que los padres de familia solicitaron la intervención de la Corte y que la Comisión Permanente se sumó a la petición, el pleno tiene que analizar profundamente sobre el ejercicio de la facultad de atracción. “No podemos ignorar que después de la controvertida decisión sobre el caso Lydia Cacho, es importante que un sector de la sociedad y los propios legisladores volteen hacia la Corte y le piden que intervenga en un asunto en el que ha sido evidente la falta de confianza en las autoridades federales y del estado de Sonora”, apuntaron. Añadieron que para tomar una resolución, el pleno deberá analizar íntegramente la problemática del asunto; la negligencia, falta de confianza en las autoridades, posibles actos de corrupción, las contradicciones entre las autoridades federal y estatal, y sobre todo, el giro que tomen las investigaciones y consignaciones de los presuntos responsables. Tampoco podemos ignorar, apuntaron, que una eventual resolución de la Corte, en caso de investigar lo ocurrido en la guardería ABC, no tendría efectos vinculantes para ninguna autoridad. Por otra parte, comentaron que lo mejor es que sea uno de los dos integrantes de la Comisión de Receso, Sergio Salvador Aguirre Anguiano o Sergio Valls Hernández, el que se encargue de presentar el estudio al pleno, porque puede avanzar en el tema en estos días de vacaciones. En la reunión privada, algunos ministros le plantearon a Ortiz Mayagoitia que hiciera el anuncio sobre la decisión de darle trámite a la petición de los legisladores al inicio de la sesión pública; sin embargo, éste les comentó que la petición formal de la Comisión Permanente había llegado a la Oficialía de Partes minutos antes y no tenía a la mano la documentación necesaria para hacer un anuncio de esa naturaleza. Es por eso que se decidió que sea en la sesión del próximo lunes cuando se haga el anuncio correspondiente, esto mientras la Subsecretaría General de Acuerdos continúa con el trámite. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Carlos Navarrete, emplazó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a presentar el próximo lunes la lista de los dueños de todas las guarderías subrogadas; de lo contrario, advirtió el legislador, “se iniciarán acciones enérgicas”. Navarrete consideró que más de mil 500 guarderías se encuentran subrogadas por el instituto y “reciben cheques cuantiosos” cada mes por parte de la dependencia. “No es posible que esta información se mantenga en el sigilo o francamente oculta”. El ultimátum de Navarrete ocurre un día después que la Permanente aprobó un punto de acuerdo, en el que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie una investigación sobre los incidentes ocurridos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 48 niños. Al presentar el punto de acuerdo, el senador Carlos Lozano de la Torre, del Revolucionario Institucional, advirtió que a un mes de ocurrida la tragedia “aún no tenemos resultados contundentes”. Ese mismo día, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, anunció la consignación de los dueños de la guardería ABC por delitos menores, como el de “homicidio culposo”, por el que alcanzarían libertad bajo fianza. La PGR, comentó Navarrete, ha manejado las investigaciones con discrecionalidad “y todavía es hora que no tenemos claro quiénes son los presuntos responsables”. En contraste, abundó el perredista, la Suprema Corte cuenta con todos “los instrumentos legales, la capacidad jurídica y el prestigio necesario para proceder a realizar esta averiguación”. Hermosillo, Sonora.- Cristina García perdió a su hijo Bryan en el incendio de la guardería ABC del IMSS, y ayer le anunciaron que también perdió el empleo. Después de siete meses de trabajar en una tienda de telas en el centro de la ciudad, Cristina fue despedida por no presentarse a trabajar desde el día de la tragedia. Y es que en busca de justicia, acude a todas las convocatorias del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, que lidera la maestra universitaria, Catalina Soto. “Tenía una incapacidad, pero me dicen que no me había comunicado con ellos”, explicó sobre el despido. Precisó que la tarde del 5 de junio había salido a un mandado y escuchó que se quemaba la guardería, por lo que corrió al lugar sin avisar en su trabajo, y ya no regresó. “No volví por la situación en la que estaba. No he podido conciliar el sueño, no como, no duermo, las 24 horas es así”, expresó. Cristina dice que desde entonces anda en vuelta y vuelta: acude al grupo que organiza las marchas, y va con el abogado Ernesto Moreno. Dijo que recientemente acudió junto con Moreno a la PGR, donde pidió a los ministerios públicos que le explicaran qué avances llevaban del caso, y que la respuesta que recibió no le gustó. “Decían que en 24 horas no habían dormido, ni comido”. “Ustedes están cansados, les dije. Imagínate yo, o los otros padres, que las 24 horas de lo que nos resta de nuestra santa vida, no vamos a comer, no vamos a dormir. No me puedes venir a decir a mí que están cansados y que no hay avance”, reprochó.
  Miguel Cabildo/Apro

 



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