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Ordena Juez dictaminar ley de movilidad

Ordena Juez dictaminar ley de movilidad

El juez primero de distrito en baja california Sur, Rigoberto González, ordenó a la décimoquinta legislatura a que en un plazo de 3 días dictamine la iniciativa de la ley de movilidad, derivado de un amparo que interpuso un ciudadano

Claudia Avilés

CPS Noticias La Paz

La Paz.-El juez primero de Distrito en Baja California Sur, Rigoberto González Ochoa, ordenó a la décimo quinta Legislatura a que en un plazo de tres días, dictamine la iniciativa de la ley de movilidad, derivado de un amparo que interpuso un ciudadano.

Juan Manuel Olachea Higuera, quien manifiesta ser persona con discapacidad y requiere el uso de sillas de ruedas para su movilización, interpuso el amparo que se registró bajo el expediente número 1179/2018 y se publicó el acuerdo el 28 de mayo de este año; sin embargo, la resolución se dio desde el 31 de diciembre del 2018.

En la publicación del 29 de mayo en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende la siguiente síntesis del expediente: “En ese sentido, requiérase al Congreso del Estado de Baja California Sur, con residencia en esta ciudad, para que por única ocasión y dentro del plazo de tres días, legalmente computado y conforme a sus atribuciones, proceda a dictaminar la iniciativa en mención, que contienen las acciones propuestas para garantizar la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público a las personas con discapacidad”.

“Así como que en las licitaciones de concesión, se contemple que las unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas, y se logre que las unidades que actualmente dan ese servicio ofrezcan una completa accesibilidad a las personas con discapacidad y los estímulos fiscales a las empresas concesionarias de diversas modalidades de servicio de transporte público que permitieran el uso integral de sus servicios por parte de personas con discapacidad, pues el plazo que establece el dispositivo invocado en segundo término, establece el término de 30 días naturales siguientes, contados a partir del día en que hubieren sido turnados por la Directiva a la Comisión correspondiente”.

Originalmente, el amparo se interpuso desde el 28 de septiembre, incluso días antes de que el Ejecutivo estatal presentara la iniciativa de ley de movilidad al Poder Legislativo. Este recurso se dirigía contra las autoridades responsables, es decir, el Gobernador de Baja California Sur, el Presidente Municipal de La Paz, el Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado, el Director de la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión a Personas con Discapacidad y el Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. El proceso jurídico, después de cinco meses y oficios contestados por cada una de las autoridades, terminó por vincular en el juicio al Congreso del Estado, luego de que la última autoridad en responder fue el Gobierno del Estado, misma que refirió había hecho lo propio al presentar la ley de movilidad en la materia.

Los actos reclamados por el quejoso son ausencia de accesibilidad al transporte, comunicaciones y la viabilidad; discriminación y desigualdad; omisión de promover la adaptación o adecuación de los transportes públicos colectivos para personas con discapacidad; no realizar los ajustes al sistema de transporte público colectivo y comunicaciones; no vigilar que el servicio de transporte público colectivo cuente con los equipos biomecánicos o técnicos como rampa hidráulica y un espacio especial dentro del transporte para viajar.

El expediente señala que se trasgrede el derecho a la no discriminación del artículo 1º constitucional y a su derecho a la igualdad, previsto en el artículo 4° constitucional.El diputado local Rigoberto Murillo Aguilar, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, informó que ellos agotarán un recurso llamado “vías de cumplimiento”, donde se comprometerían a dar cumplimiento al requerimiento de legislar. Revisarán el expediente para poder solicitar a la autoridad un plazo para concluir el dictamen.